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Compliance Penal

¿Qué es el Compliance Penal?

Para definir el Compliance Penal debemos analizar las dos ramas que lo componen:

  • El Compliance es un conjunto de herramientas de carácter preventivo, que tienen por objeto garantizar que la actividad que realiza la empresa y quienes la conforman y actúan en su nombre lo hagan en apego a las normas legales, políticas internas, Códigos Éticos sectoriales y cualquier otra disposición que la misma esté obligada a cumplir o que haya decidido hacerlo de forma voluntaria, como parte de sus buenas prácticas.
  • El Derecho Penal es la rama del derecho que regula la potestad punitiva del Estado y la implementación de sanciones ante hechos que afecten el orden normativo de una sociedad. 

En resumen, el Compliance Penal constituye el conjunto de herramientas de carácter preventivo con el objeto de prevenir la infracción de normas de carácter penal y evitar eventuales sanciones que generen responsabilidad a la empresa.

¿Cuáles son los requisitos que exigen el Compliance Penal?

El Código Penal es el punto de partida, y establece una serie de requisitos que debe contener todo sistema de Compliance:

Identificación de las actividades en las que sea más probable que se puedan cometer hechos ilícitos.

Establecimiento de protocolos que fijen cuál es el proceso de formación de voluntad de una persona jurídica y de cómo se adoptarán y ejecutarán las decisiones en la misma.

Disposición de modelos que gestionen los recursos financieros.

Obligación de informar acerca de posibles riesgos o incumplimientos al organismo que se encargue de vigilar este sistema de prevención.

Establecimiento de un sistema disciplinario que castigue cada vez que se incumpla con el modelo de prevención.

Verificar periódicamente el sistema de prevención para ajustarse a los cambios producidos en la organización.

Beneficios para los Clientes

  • Ayuda a identificar a aquellas organizaciones que buscan desarrollar sus actividades en un escenario de cumplimiento y buen gobierno corporativo.
  • Permite trabajar con proveedores no expuestos a riesgos que puedan comprometer su imagen de marca.
  • Menores riesgos al operar en mercados extranjeros, ya que los sistemas de gestión de compliance se basan en reglas aceptadas internacionalmente.
  • Aporta gran seguridad al evidenciar, mediante evaluaciones externas, que la empresa cumple con los requisitos establecidos en los estándares.

Beneficios para la Organización

  • Reducción o eliminación de la responsabilidad legal y penal de las empresas en muchos países, al demostrar que disponen de los medios y sistemáticas adecuadas en la gestión del compliance.
  • Facilita la detección de malas praxis de directivos y empleados.
  • Mejora de la reputación e imagen de la organización, aumentando el valor de la compañía.
  • Mejoras organizativas y de control interno.
  • Genera confianza en sus propietarios, empleados, inversionistas, clientes y otros socios comerciales, ya que se han implementado controles internacionales.
  • Despliegue de un sistema eficaz para detectar las múltiples regulaciones a las que puede estar sometida la organización y sus actividades.
  • Disminuye el coste de los seguros. La implementación de programas de compliance permite renegociar el coste de los seguros contratados, una ventaja relevante en sectores como servicios públicos, colegios y universidades, transporte o industria, entre otros.
  • Ventaja competitiva en la licitación pública y empresas internacionales.
  • Si la organización quiere participar en concursos públicos o firmar contratos internacionales, el hecho de tener un sistema de compliance implementado le pondrá por delante de sus competidores
  • Mitiga el riesgo del fraude Interno, a través de un mayor control sobre lo que sucede dentro de la propia empresa, generando así también un efecto disuasorio.

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¿Quién debe implementar un Sistema de Compliance Penal?

Desde la reforma del Código Penal en el año 2010 y con la entrada en vigor de la reforma del 1 de julio de 2015, las empresas (tanto grandes como PYMES) se encuentran sujetas a una nueva normativa en materia de prevención de delitos que plantea la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

1. Pymes

2. Empresas Medianas

3. Empresas Grandes

4. ONGs